Muchas personas tienen derecho a un proceso de deportación ante un Tribunal de Inmigración. Sin embargo, también hay situaciones en las que una persona puede no tener derecho a tales procedimientos y el Departamento de Seguridad Nacional puede removerlos administrativamente. Una persona que es colocada dentro de este procedimiento no puede solicitar muchos tipos de ayuda que están disponibles en procedimientos de deportación regulares; a él o ella también se le prohíbe generalmente regresar a los Estados Unidos por un cierto período de tiempo. Sin embargo, hay oportunidades para luchar contra este tipo de eliminación.
Si una persona no es un residente legal permanente y comete un delito que se considera un delito grave, esa persona puede estar sujeta a una orden de remoción administrativa. El Departamento de Seguridad Nacional está obligado a proporcionar a la persona un aviso de que tiene la intención de emitir dicha orden. Entonces, la persona tiene solo un corto número de días para impugnar el argumento del Departamento. Luego, hay un tiempo limitado para que la persona pueda solicitar una revisión ante el Tribunal de Apelaciones. La eliminación en virtud de dicha orden es muy grave y puede dar lugar a una prohibición de 20 años de los Estados Unidos.
Además, si alguien intenta ingresar a los Estados Unidos pero un funcionario de inmigración determina que la persona no tiene el documento de ingreso apropiado o que ha cometido fraude o una falsificación al momento de la entrada, esa persona puede estar sujeta a la deportación acelerada. Solo hay oportunidades muy limitadas para impugnar este orden. Tal remoción resulta en una prohibición de cinco años de los Estados Unidos.
Además, a una persona que originalmente ingresó a los Estados Unidos en el programa de exención de visa también se le puede emitir una orden de expulsión administrativa si se prolonga la fecha de admisión.
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